Discurso del presidente Danilo Medina

PARTE 5

Señoras y señores,  

No puedo hablarles del desarrollo del campo sin referirme a un asunto fundamental: La propiedad de la tierra. Sabemos que ese derecho a la propiedad es el primer paso para alentar la producción.

Tenemos el firme compromiso de titular, a través de la  Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, alrededor de 7 mil predios urbanos y rurales antes de que finalice el primer semestre de este año. Además, vamos a entregar alrededor de 15 mil títulos adicionales al final de segundo semestre de 2013, es decir, finalizaremos el año con 20 mil nuevos inmuebles titulados.

Esto permitirá a miles de familias poner fin a años de incertidumbre, acceder a créditos y cultivar con entusiasmo la tierra que les pertenece. La meta para los próximos 4 años es titular más de 150 mil inmuebles entre terrenos agropecuarios y viviendas sociales. 

Sin embargo, no es este un esfuerzo que pueda realizar el gobierno en solitario. Por eso, quisiera hacer un llamado especial al Poder Judicial dominicano. Para que aunemos esfuerzos y trabajemos juntos en el fortalecimiento de los órganos de gestión de la Jurisdicción Inmobiliaria y la simplificación de los procesos de titulación. Así, lograremos alcanzar con éxito nuestras metas y garantizar la seguridad jurídica inmobiliaria en la República Dominicana.  

Señoras y Señores

De esta forma, con todas estas medidas estamos, poco a poco, cambiando el rostro del campo dominicano.  

Y en paralelo con el desarrollo rural hemos seguido impulsando la locomotora de nuestro crecimiento: 

Me refiero al sector turístico.

 En 2012, y a pesar de las condiciones económicas adversas, nuestro sector turístico registró un crecimiento de casi 6% en el número de visitantes no residentes, lo que se tradujo en ingresos en divisas por más de 4 mil 500 millones de dólares.

 

En los últimos 6 meses he visitado unos 10 proyectos turísticos nuevos o que se han relanzado en el país. Eso da muestra de la buena salud de nuestro sector, además de la confianza de los inversionistas.

 

Desde el gobierno estamos impulsando también proyectos para reactivar el sector, como el relanzamiento de la ciudad colonial de Santo Domingo y las ciudades de Puerto Plata y Samaná.

 

También estamos apostando con fuerza al turismo de cruceros. Como resultado de los trabajos que se realizan, durante este año una importante línea iniciará operaciones de Puerto Base, tocando a La Romana y Santo Domingo y otra línea más reiniciará, en las mismas condiciones, operaciones que había suspendido.

Esto implica la apertura de nuevas oportunidades para ofertar bienes y servicios locales, especialmente productos alimenticios provenientes de la agropecuaria y la industria nacionales. Para que tengamos una idea de lo que esto significa, sólo en 2012 una línea de cruceros adquirió 250 mil dólares semanales en alimentos y productos dominicanos.  

Honorables Asambleístas,  

Estoy convencido de que una clave para transformar nuestro país, para lograr crecimiento con justicia social, para incluir a las grandes mayorías populares en el tejido económico y fortalecer nuestra clase media, es apoyar a nuestros emprendedores. Especialmente a las MIPYMES,  que con un pequeño impulso pueden convertirse en el sustento de una familia.

 

Con este propósito, a las pocas semanas de iniciar el gobierno, se lanzó el programa más ambicioso que jamás se haya implementado en el país en apoyo a las MIPYMES.

 

Con este plan perseguimos la creación de empleo e ingresos para nuestros microempresarios mediante la formalización, el acceso a crédito y asistencia técnica y la participación en los programas de compras del sector público.

 

Estamos uniendo todos los esfuerzos para derribar las barreras que se interponen en el crecimiento de este importante sector.  

Así, por ejemplo, hace unos meses se inició un plan para facilitar la formalización de PYMES mediante la creación de una ventanilla única que permite que las empresas realicen, en un solo lugar, todos los trámites que sean necesarios para constituirse.

De la misma forma, estamos utilizando el poder de compras del Estado para incrementar la demanda de bienes y servicios por parte de las PYMES.

 

En el 2013, las compras gubernamentales al sector están presupuestadas en aproximadamente 33 mil millones de pesos, cifra sin precedentes que, sin duda, dinamizará notablemente este sector.  

Para apoyar a las MIPYMES el gobierno dominicano tiene varios programas de financiamiento.  La recientemente creada  “Banca Solidaria” o "Banco de los Pobres" y el programa PROMIPYME, han aprobado y desembolsado, desde el 1 de septiembre, préstamos por más de 800 millones de pesos. Con los que se ha beneficiado a 10 mil 200 Micro y Pequeños empresarios.

Cabe señalar que de este total el 90% pertenecen a la nueva Banca Solidaria y solo el 10% al programa regular de PROMIPYME. Por su parte, Banreservas ha aprobado 774 solicitudes y desembolsado 780 millones de pesos, mientras que la Fundación Banreservas ha aprobado 75 millones de pesos, para un total de dos mil 533 préstamos a microempresarios.  

Detrás de estas cifras hay miles de personas, especialmente mujeres, que durante años no tuvieron acceso al crédito y ahora, por primera vez, ven realizado su sueño de tener un pequeño negocio, con el que puedan echar hacia adelante a sus familias. Es, por tanto, otra herramienta fundamental para la creación de empleo y oportunidades.  

Sin embargo, nuestro apoyo al desarrollo del aparato productivo no se limita únicamente a las MIPYMES.

 

En abril de 2012, en el marco del Segundo Congreso de la Industria Dominicana, nos comprometimos a favorecer un entorno competitivo para este sector, conformado tanto por las industrias que producen para el mercado local, como por aquellas que lo hacen en las zonas francas para el mercado de exportación.

Cumplir con este compromiso, no es solo un deber moral, sino también una forma de apoyar nuestro propio proyecto de país. Porque significa crear nuevos empleos formales, incrementar la producción de divisas y reducir las importaciones de bienes terminados, que se producen ya en la República Dominicana.  

Es por eso que hemos abierto un espacio de diálogo permanente entre los representantes de estos sectores y los ministerios de la Presidencia y de Industria y Comercio, fruto del cual se han adoptado varias medidas que, desde hace meses, favorecen el acceso a financiamiento y compras gubernamentales de las industrias nacionales.  

De la misma forma, seguiremos apoyando la notable recuperación del sector de zonas francas, que ha vuelto a ocupar el primer lugar en la producción de divisas, así como el encadenamiento productivo de todas las industrias instaladas en el país, para crear un entorno de equidad fiscal y competencia armónica, con una meta común: conquistar el mercado internacional.  

Honorables Asambleístas,  

Les hablo de crecimiento y desarrollo y no puedo, por supuesto, pasar por alto un elemento fundamental en ese camino: el sector eléctrico.  

Este es un problema que arrastramos desde hace varias décadas y que sufre todo el país. No existen soluciones sencillas para abordarlo, sin embargo, nuestro gobierno está decidido a actuar con responsabilidad y poner en marcha un plan integral para darle una respuesta definitiva.

Tenemos la voluntad política y esperamos contar con el apoyo y el consenso de toda la sociedad para deshacernos, de una vez por todas, de este lastre que hasta hoy sigue frenando el progreso en nuestro país. Como muchos saben, nuestro sector eléctrico arrastra un déficit insostenible de más de 100 millones de dólares mensuales.

 

Desde la crisis de precios del petróleo del año 2008 al 2011, el gobierno ha transferido por concepto de subsidio al sector eléctrico un monto promedio anual superior a los mil millones de dólares.

Esto significa que en los últimos cinco años el sector eléctrico ha requerido más de cinco mil 500 millones de dólares. Es decir, más de 240 mil millones de pesos.

Este déficit es producto de 3 problemas fundamentales: el primero de ellos es el alto costo de generación, debido a que más del 60% de la energía que producimos proviene de derivados del petróleo.

El segundo problema son las altas pérdidas de las empresas distribuidoras, producto tanto del mal estado de las redes como del robo de energía, que se traduce en cientos de millones de dólares no recaudados cada año. 

Y en tercer lugar, arrastramos también deficiencias en la gestión de las empresas del sector que necesitan ser corregidas.  

Es verdad que en los últimos años se ha realizado un gran esfuerzo en el sector para reducir las pérdidas, aumentar los cobros y optimizar la compra de energía a las generadoras. Además, la tarifa eléctrica aumentó en dos ocasiones entre 2009 y 2011, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

 

Sin embargo, este gran esfuerzo se ha diluido por los altos precios de compra de energía que enfrentan las empresas distribuidoras, muchos de los cuales están determinados por los contratos existentes.

 

Teniendo en cuenta todo esto, la estrategia integral que hemos diseñado para el sector consta de tres pilares, que dan respuesta a cada uno de los tres retos que enfrentamos.  

En primer lugar, vamos a hacer un esfuerzo sin precedentes para aumentar la capacidad instalada y modificar simultáneamente la matriz de combustible degeneración. Dicho de otra forma, vamos a producir más energía, y lo haremos a través de fuentes que nos permitan reducir nuestra dependencia del petróleo.  

De acuerdo con las proyecciones de crecimiento económico del país, los cálculos realizados nos dicen que en el 2016 deberíamos tener instalada una capacidad efectiva de 3 mil 800 megavatios. Eso significa que debemos instalar alrededor de mil 500 megavatios adicionales.

  

Considerando las actuales tecnologías y combustibles disponibles, estas nuevas facilidades deberán incluir plantas de ciclo combinado a gas natural, plantas a carbón, y plantas en base a energías renovables, que demandarán inversiones por más de 3 mil millones de dólares, solo en el sector de generación.  

En concreto, nuestro Plan incluye las siguientes acciones, que reducirán el déficit del sector entre 600 y 800 millones de dólares.

Como primera medida, se dará inicio de manera inmediata a los procesos para la contratación por parte del Estado de la construcción de dos plantas a carbón de 300 MW cada una. Además, vamos a concluir las negociaciones para la adquisición, y el suministro de gas natural a precios que hagan viable la instalación de dos Ciclos Combinados de 300 megavatios a gas natural.  

Simultáneamente, vamos a facilitar la optimización de los recursos existentes, ya sean de carácter privado o de propiedad mixta, para ampliar la capacidad instalada en al menos 600 megavatios más a gas y/o carbón.  

Además, vamos a finalizar los proyectos de pequeñas hidroeléctricas, que están en marcha. Iniciaremos en un esfuerzo conjunto con el Programa de Pequeños Subsidios del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, la construcción de 19 minicentrales hidroeléctricas comunitarias. Esto nos permitirá hacer llegar el suministro por primera vez a más de 2 mil 100 familias de áreas montañosas del país.

El plan previsto hasta 2016 contempla la construcción de 50 minicentrales, que llevarán luz y progreso a un total de 5 mil 500 familias de nuestras zonas más apartadas.

 

Paralelamente vamos a invertir alrededor de 224 millones de dólares en proyectos de Transmisión.

Esto incluye la finalización de líneas como Julio Sauri -Paraíso o el Cruce San Juan.

La construcción de subestaciones en Dajao, Herrera, Arroyo Hondo, San Juan de la Maguana, Cruce Cabral, San Cristóbal y Hato Mayor, entre otras.  

El segundo gran pilar de nuestro plan, son la medidas destinadas a reducir las pérdidas. Y aquí es importante resaltar, que hay dos tipos de pérdidas. Por un lado, existen pérdidas técnicas, que vamos a afrontar con la puesta en marcha de un plan de expansión, que supondrá una inversión de 220 millones de dólares, para el cual ya se ha identificado financiamiento con Agencias de Exportación y Organismos Multilaterales. 

Este plan, que nos permitirá garantizar la calidad del servicio, incluye la construcción de 21 nuevas subestaciones de distribución, y la ampliación del calibre de los conductores de 900 kilómetros de redes de media tensión.

 

Sin embargo, y esto es algo en lo que me gustaría detenerme, hay un enorme caudal de pérdidas mensuales, que no son técnicas. Que son, digámoslo claramente, producto del hurto  y de la irresponsabilidad de los usuarios.

 

Y en este sentido, quiero hacer hoy un llamado a todos los dominicanos y dominicanas. La solución al problema eléctrico no llegará mientras no tomemos conciencia, cada uno de nosotros, de la importancia de nuestra contribución.

Es cierto, y el gobierno así lo asume, que hay sectores de escasos recursos, que necesitan ser subsidiados para recibir energía. El gobierno va a continuar apoyando a esos sectores, no les quepa duda a nadie.  

Pero también es cierto que hay otros muchos usuarios, que podrían pagar por el servicio y, sin embargo, están haciendo un uso indebido de los recursos. Hablamos de cientos de millones de dólares, que podrían ser invertidos en nuevas instalaciones, en mejor tecnología y en abaratar costos, y que sin embargo, se quedan cada año en los bolsillos de usuarios, que maliciosamente, deciden no pagar.

 

No podemos permitir, que esa situación de impunidad continúe. Es necesario afrontar este asunto con responsabilidad. Ya no sirve la excusa, de que el servicio no es bueno, y por eso no lo pago. Desde el gobierno estamos decididos a romper esa espiral, pero necesitamos también, que se genere un cambio de actitud, en la cultura de la población.  

Nos comprometemos, desde hoy, a iniciar las inversiones necesarias. Vamos a mejorar el suministro, la atención, y los costos de generación, pero también vamos a reforzar la vigilancia, para terminar con los abusos.

 

La meta que nos hemos propuesto, es llevar las pérdidas del 36% actual a un 25% al final del año 2016.

Para que se hagan una idea de lo que perdemos anualmente, por  aquellas personas que consumen energía y no la pagan, solo esa reducción del 11% en las pérdidas, significará una recaudación adicional de cerca de 200 millones de dólares anuales.

 

Las acciones que vamos a desarrollar, se enfocan en dos frentes fundamentales: en primer lugar, implementaremos una moderna Plataforma de  Tele-medición en las Distribuidoras, que incluirá un software de última generación, así como la instalación de 500 mil nuevos  tele-medidores y 43 mil equipos de medida para  macro-mediciones. Esto permitirá, monitorear y controlar la energía servida a los clientes industriales, comerciales y residenciales, localizados en los grandes centros urbanos de todo el país.   

En segundo lugar, rehabilitaremos las redes eléctricas e instalaremos 700,000 nuevos medidores a clientes ubicados en circuitos suburbanos y municipios donde se registran los mayores niveles de pérdidas del país. Aplicaremos soluciones técnicas y comerciales, para reducir el fraude y ampliar la continuidad del servicio a 24 horas, apoyados en una gestión social, enfocada en educar y comprometer a las comunidades, con el cambio de cultura del pago del servicio eléctrico.

  

Toda esta transformación implicará comprometernos con un plan de inversión de cuatro años, a razón de 145 millones de dólares por año, que será agenciado, con la banca multilateral y agencias de exportación.

 

Por último, el tercer pilar del plan integral para el sector eléctrico, la mejora en la gestión de las empresas del sector, incluye acciones en cuatro ámbitos fundamentales: comercial, financiero, tecnológico y legal. Las reformas abarcan desde mejoras en la recaudación y la calidad del servicio, hasta estrategias para maximizar la capacidad de financiamiento, optimización de las estructuras tecnológicas y creación de mecanismos legales para sancionar a quien viole la ley.  

En definitiva, se trata de un esfuerzo sin precedentes para la completa modernización del sector.

Nuestro objetivo es que al final del periodo presidencial podamos dar por resuelto este problema de forma definitiva y encarar una nueva etapa para el desarrollo en nuestro República.