Amnistía Internacional afirma RD hizo apátridas a través de laberinto jurídico
Por EFE- Amnistía Internacional (AI) considera que “en la práctica”
las autoridades dominicanas “han barrido del mapa” a cuatro generaciones “de un
plumazo” a través de un “laberinto burocrático y jurídico” que ha convertido en
“apátridas” a miles de personas en una nación de “ciudadanos fantasmas”.
En un informe difundido hoy sobre personas apátridas en la
República Dominicana, AI afirma que esos “apátridas” no tienen la posibilidad
de acceder a un empleo regular, matricularse en estudios superiores o incluso
visitar a un médico. El estudio, según
apunta AI, “desmonta” la versión oficial de que ninguna persona carece de
nacionalidad en la República Dominicana y analiza “el intrincado laberinto
jurídico creado por las autoridades” desde la década de 1990 y, más recientemente,
a través de una sentencia de 2013 “que ha privado arbitrariamente de la
nacionalidad a decenas de miles de personas” con padres o abuelos extranjeros.
“En la práctica, las autoridades de la República Dominicana
han barrido del mapa a cuatro generaciones de dominicanos de un plumazo. Sin la
nacionalidad, decenas de miles de personas se han convertido efectivamente en
fantasmas y deben superar enormes obstáculos para acceder a los servicios
básicos del país”, según Erika Guevara, directora del Programa de AI para
América.
En su documento, AI, que recabó la información sobre el
terreno, pide que las autoridades dominicanas reconozcan la magnitud del
problema de la apatridia y “tomen todas las medidas necesarias” para garantizar
que las personas afectadas puedan disfrutar de sus derechos humanos.
La organización opina, a su vez, que las medidas adoptadas
por el gobierno para resolver la situación de las personas a las que se ha
privado de la nacionalidad “han resultado insuficientes” y se muestra segura de
que “cerrar los ojos ante este drama afirmando que el problema no existe no
hará que desaparezca.” Desde principios
de la década de 1990 se han ido adoptando sucesivas decisiones administrativas,
legislativas y judiciales que afectan específicamente a las personas de
ascendencia haitiana nacidas en la República Dominicana y “tienen por objeto
restringir su acceso a los documentos de identidad dominicanos y, en última
instancia, a la nacionalidad”.
En septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional dominicano
resolvió que las personas nacidas en el país de progenitores extranjeros
indocumentados desde 1929 no tenían derecho a la nacionalidad dominicana. “Este fallo supuso en la práctica dejar sin
nacionalidad a la inmensa mayoría”, según AI.
El gobierno, de acuerdo a AI, para atenuar los efectos de
esta sentencia discriminatoria, “ha creado un intrincado laberinto de
categorías y procesos casi imposible de abordar para la mayoría”. A su vez, considera que el plan de
naturalización, que expiró el 1 de febrero de 2015, ha sido
“insuficiente”. En este sentido, revela
que centenares de personas afirman que “nunca” recibieron información acerca
del plan y que supieron de su existencia “cuando ya había expirado”. Muchas aseguran que era “imposible reunir
todos documentos de la lista que era obligatorio presentar”, según AI. AI también refleja que a muchas personas
todavía no les han permitido inscribir el nacimiento de sus hijos en el
registro civil y que la mayoría de estos niños siguen en situación de
apatridia.
Por último, pide al ejecutivo dominicano “reconocer la
existencia y las causas de la apatridia”, evitar futuras limitaciones
arbitrarias del derecho a la nacionalidad y a la documentación de identidad,
aplicar las normas internacionales de derechos humanos y cooperar con
organizaciones de la sociedad civil”. A
Haití le pide asignar recursos para facilitar la expedición de documentos de
identidad y adoptar una nueva ley sobre nacionalidad que permita a las personas
afectadas por la prohibición de la doble nacionalidad volver a adquirirla.
Tras la polémica sentencia del Tribunal Constitucional, el
Gobierno puso en marcha el Plan de Regularización para Extranjeros
indocumentados, cuyo plazo concluyó el pasado 17 de junio, y la Ley de Naturalización,
que establece los parámetros para adquirir la nacionalidad. Al Plan Nacional de Regulación de
Extranjeros se acogieron 288.466 indocumentados, la mayoría haitianos, y 8.755
lo hicieron a la Ley especial de Naturalización.
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