La Procuraduría se auxilia de EU y Brasil para ampliar pesquisas
Santo Domingo.-Estados Unidos inició el proceso
para eliminar el visado a los imputados por el caso de sobornos de Odebrecht
que están en libertad, mientras que un grupo de los fiscales que trabajaron el
caso en ese país vendrán a darle apoyo a la Procuraduría para la
instrumentación del expediente acusatorio.
El
Departamento de Justicia de Estados Unidos tramitó la cancelación del visado de
los imputados, exceptuando a Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, quienes aún
guardan prisión, y del senador Tommy Galán, quien tiene la doble nacionalidad
(dominicana y estadounidense). Tampoco se le retiró a Bernardo Castellanos,
quien se encuentra prófugo y en su contra está vigente una orden internacional
de captura.
El equipo de
fiscales que vendrá al país a asistir a la Procuraduría General de la República
llegará en esta semana, dentro del marco de cooperación internacional.
Una fuente
explicó a EL DÍA que estos son parte del equipo que trabajó en Estados Unidos
el caso de las prácticas ilegales de la empresa constructora brasileña para
obtener contratos en unos doce países, incluyendo República Dominicana.
La decisión
de las autoridades norteamericanas de retirar el visado a los dominicanos
acusados por el Ministerio Público dominicano empezó a serles notificada a los
afectados durante el fin de semana.
La apelación
El
procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo ayer esperar que
los imputados a los que el domingo se les eliminó la prisión preventiva como
medida de coerción no afecten las investigaciones locales, debido a maniobras
que puedan realizar algunos de los involucrados con “la finalidad de
obstruirlas e incluso para sustraerse del proceso”.
En una
declaración escrita, el jefe del Ministerio Público dijo respetar la decisión
de los jueces de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que varió las
medidas de coerción a varios de los implicados en el caso de los sobornos
pagados por Odebrecht, pero reiteró sus temores de que la misma pueda afectar
las investigaciones.
La investigación
Rodríguez
consideró que la misma decisión del tribunal de mantener medida de coerción
contra todos los implicados, incluyendo prisión preventiva contra dos de ellos,
es “un reconocimiento irrefutable a la calidad del trabajo investigativo
realizado hasta el momento”.
El
procurador resaltó que por esto la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de
Justicia rechazó todas las objeciones presentadas por los abogados defensores
de los involucrados contra las diligencias investigativas realizadas por el
organismo de persecución penal que encabeza, incluyendo la improcedente
solicitud de que fueran declarados ilegales los arrestos efectuados el 29 de
mayo del presente año.
Rodríguez
calificó de extemporáneas las motivaciones para el voto disidente de la jueza
Miriam Germán Brito, en razón de que en la etapa procesal en que se encuentra
este caso, que son para medidas de coerción, las evidencias obtenidas hasta el
momento son más que suficientes para dictar o mantener medidas de coerción,
como al efecto las dictó el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega
Polanco. Indicó que el pronunciamiento de la magistrada Germán Brito
corresponde más bien para cuando se efectúe el juicio preliminar o el de fondo.
Variación de medidas
La Sala
Penal de la Suprema Corte de Justicia varió la medida de coerción de prisión
preventiva a garantía económica para Temístocles Montás, Andrés Bautista,
Conrado Pittaluga, César Sánchez y Ruddy González.
Mantuvo la
prisión preventiva de un año para el empresario Ángel Rondón y de nueve meses
para Víctor Díaz Rúa. Cambió la prisión domiciliaria por el pago de fianza a
Radhamés Segura. Mantuvo el impedimento de salida contra el diputado opositor
Alfredo Pacheco.
Varios países cooperarán en las
pesquisas
El
Procurador manifestó que el Ministerio Público se auxiliará de la cooperación
del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Ministerio Público de
Brasil, así como de otras autoridades de naciones europeas y latinoamericanas
para continuar las investigaciones del caso.
Dijo que con
esa cooperación se busca obtener evidencias adicionales a las que se poseen
hasta el momento, las cuales se harán valer al momento de presentación formal de
las acusaciones en contra de los imputados, para lo cual tiene un plazo de ocho
meses.
Reafirmó que
mediante esta ampliación y profundización de la investigación también se
persigue establecer con precisión si otras personas comprometieron su responsabilidad
penal en el entramado de sobornos que Odebrecht desarrolló en el país,
garantizando que quienes sea que resulten involucrados, tal como se ha hecho y
corresponde, también serán puestos a disposición de la Justicia.
Fuente:www.hoy.com.do
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