Denuncian corrupción atrofia y gangrena economía de Haití
PUERTO PRÍNCIPE- La corrupción que gangrena a Haití es denunciada en
los discursos oficiales, pero a pesar de varias investigaciones a exministros,
los procesos judiciales se hacen esperar y esta enraizada práctica continúa
creciendo sin problemas.
Haití figura todos los años en la
lista de los peores alumnos de la clase en los informes que realizan tanto la
ONG Transparencia Internacional, sobre la percepción de la corrupción, como la
revista Forbes, sobre el clima de negocios.
El presidente Jovenel Moïse, electo
a comienzos de 2017, se ha declarado dispuesto a combatir la corrupción. “Bajo
todas sus formas, la corrupción gangrena y atrofia la economía. Ha fragilizado
las bases políticas y desestabilizado el tejido social del país: es un crimen
contra el desarrollo”, dijo ante la asamblea general de ONU, reunida en
septiembre en Nueva York.
Esas intenciones podrían haberse
concretado tras la publicación, en noviembre, de un informe parlamentario en el
que se acusa a quince exministros de haber estado implicados en una “estafa a
gran escala” entre 2010 y 2016.
El documento detallaba posibles
irregularidades y sospechas de ilegalidades en la gestión de los fondos de
“Petrocaribe”, un programa de créditos vinculado a las compras de hidrocarburos
venezolanos lanzado por el fallecido presidente de ese país Hugo Chávez en
favor de una decena de naciones del Caribe y América Latina.
Desde que Haití se incorporó a ese
programa, en 2009, esta fuente constante de ingreso de divisas levantó
sospechas sobre su utilización, ya que a diferencia de los préstamos
financieros internacionales los recursos podían ser empleados por las
autoridades locales sin control alguno, ni siquiera de parte de los donantes
venezolanos.
“Se sabe perfectamente que hubo
mala gestión, puesto más de 2.000 millones de dólares fueron gastados y esas
sumas no aparecen en el crecimiento del país”, analiza el economista haitiano
Kesner Pharel.
Pero es probable que este último
informe parlamentario no tenga ninguna consecuencia judicial, como sucedió con
el anterior, de 2016, que ya había cuestionado el comportamiento de una
quincena de actores políticos sin que ello diera lugar a proceso alguno. Esta
vez, aunque el Ejecutivo dispone de una amplia mayoría en el Senado, todavía no
se ha iniciado ningún debate parlamentario al respecto, ni siquiera para
definir si este segundo informe es recibido.
“La negativa del parlamento a
pronunciarse sobre el informe de una comisión sobre la corrupción da una muy
mala imagen”, comenta Pharel. AFP
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